sábado, 7 de julio de 2012

Día Internacional del Cooperativismo

En el día internacional del cooperativismo o día internacional de las cooperativas, saludamos a nuestrxs amigxs cooperativistas, que trabajan  incansablemente por fundar y mantener una forma solidaria de asociación que permita a todxs los seres humanos vivir en mejores condiciones.

Este año ha sido declarado por la ONU como Año Internacional de las Cooperativas.

El Informe Global 300 de la ACI, publica que las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un volumen de negocios consolidado de 1,6 trillones de dólares, lo cual equivale al PIB de muchos grandes países. Ha permitido crear 100 millones de empleos en el mundo. En Brasil, Rusia, India y África, un 15% de la población son cooperativistas mientras que apenas el 4% son accionistas.

El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un "Día Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de miembros).

El cooperativismo nació en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades (si bien han existido otros intentos anteriores). Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado de una huelga, y aportaron como capital a la nueva Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son conocidos como "Los Pioneros de Rochdale".

La ACI se fundó en 1895 para fomentar el modelo cooperativista. Coopera con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para promover el desarrollo del cooperativismo.

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil. Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos.

Los siete principios cooperativos

  1. Adhesión Voluntaria y Abierta.
  2. Gestión Democrática por Parte de los Socios.
  3. Participación Económica de Los Socios.
  4. Autonomía e Independencia.
  5. Educación, Formación e Información.
  6. Cooperación entre Cooperativas.
  7. Interés por la Comunidad.

Enlaces de interés

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Secretaria de Asociativismo y Cooperativas Av. San Martín 1027 1º piso (Galeria Piazza) (5500) – Mendoza (0261) 4235522/30/34 (0261) 4235522

 

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación y Facultad de Ciencias Ecónómicas UNLP

viernes, 6 de julio de 2012

Nuevo Encuentro no apoyó el proyecto de Luis Petri en la Cámara de Diputados de Mendoza

El Dip. Néstor Piedraffita que votó junto a los diputados de La Cámpora en contra del proyecto de Luis Petri, avalado por el Bloque Radical, el Democráta y un acuerdo entre el Vice-gobernador Carlos Ciurca y el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.

El proyecto de Petri (aquí) plantea desadherir a la ley 24.660 y endurecer el régimen de ejecución de la pena, se inscribe claramente en la demagogia punitiva.

Diputados del bloque del FPV reconocieron incluso que: "Votamos una ley para la tribuna. Estamos mintiendo a la sociedad porque no se puede aplicar", se sinceró anoche un diputado peronista que -obviamente- pidió reserva de su nombre.

LEGISLATURA – El Sol on line

Media sanción para el proyecto que endurece salidas transitorias de presos

La propuesta fue aprobada en general, y la resolución en particular se hará tras el receso invernal. Fue una jornada de tensión política.

06 de Julio de 201200:30

Aldo Vinci, Sebastián Sarmiento y Jorge Tanús.Ampliar foto

Aldo Vinci, Sebastián Sarmiento y Jorge Tanús.

Por: Juan Rodríguez juan.rodriguez@elsoldiario.com.ar

Minutos antes de la medianoche el proyecto del diputado radical Luis Petri, que crea en Mendoza un Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, haciendo más rígida la legislación para que los presos condenados accedan a salidas transitorias, fue aprobado en general. En tanto, el tratamiento en particular quedará a consideración para después del receso invernal que se inicia hoy.

La votación fue de 42 legisladores a favor, y 3 en contra, Marina Femenía, Lucas Ilardo y Néstor Piedrafita.

Luego de una extensísima jornada, en la que expusieron funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial, especialistas en derecho penal y familiares de víctimas de delitos, el cuarto intermedio se retomó cerca de las 21.30, y el acuerdo político-legislativo garantizó que la iniciativa de Petri no se cayera y obtuviera una media sanción.

Pero, si bien los radicales, junto a los demócratas y otros legisladores como Daniel Cassia –quienes acompañan desde un inicio la idea de hacer más severa la posibilidad de que condenados a delitos graves accedan como hasta hoy a salidas transitorias– contaban con los votos para imponerse en el recinto, este proyecto no logró el consenso necesario para llegar fortalecido a Senadores.

Es más, el tratamiento en particular de los 273 artículos que contiene el Código de Ejecución de la Pena, será muy trabado, luego de haber recibido muchos cuestionamientos que hasta el mismo autor del proyecto admite que tendrá en cuenta para lograr una ley que tenga la mayor cantidad de adhesiones.

El oficialismo fue quien quedó en la situación más incomoda, luego de que no votaran con unanimidad debido no sólo a los cuestionamientos técnicos, sino también por la dificultad de tener una conducción política sólida.

Las conversaciones que mantuvieron el miércoles el vicegobernador, Carlos Ciurca, con el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, parece que lograron imponerse a las opiniones en contra del proyecto que surgieron de funcionarios del Ejecutivo como la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, la de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y el director del Servicio Penitenciario provincial, Sebastián Sarmiento.

El radicalismo había advertido que pretendía consensuar al máximo posible esta iniciativa, pero que si se veían en la obligación iban a forzar la votación, sabiendo que contaban con los votos necesarios y que el efecto que querían reflejar en la comunidad les es a favor.

En este punto el oficialismo quedó embretado, no podían dejarle todo el rédito a radicales, demócratas y peronistas disidentes, de cara a los reclamos de la sociedad de hacer leyes más duras para la delincuencia.

Durante la jornada, varios diputados del Frente para la Victoria pasaron de no avalar el proyecto, a hacerlo. Y el cambio de opinión no se debió a las particularidades de las opiniones técnicas que fueron recogiendo, fue más bien por presiones políticas provenientes del Ejecutivo, de sus jefes territoriales, y a la vez, de cómo recibirá la gente esta iniciativa.

Contra la demagogia punitiva, reivindicación de la seguridad democrática

Asistimos estos días a una ofensiva, como ocurre cada breve lapso, de la “demagogia punitiva”.

Consiste en una práctica de ciertos legisladores de aparecer generosamente por pantallas diciendo qué tan terribles son los delincuentes, qué tan débiles son los jueces, qué tan “atados” están los policías y qué maravilloso es su nuevo proyecto destinado a “castigar como corresponde” a esos delincuentes.

Esas pantallas crearon antes un contexto y un clima. He llegado a contar 45 minutos en un noticiero de una hora dedicados a un crimen resonante. Una población en que ese noticiero tiene alto rating, ¿qué opinará luego de la emisión?

No escribo estas líneas desde ningún afán festivo ni despreocupado por el delito ni por problemas que son reales, dolorosos y urgentes. Menos aún del desconocimiento del dolor de las víctimas. Las víctimas siempre tienen un lugar especial, lo que no quiere decir que en todos los casos tengan razón.

Digo, no obstante, que la discusión sobre seguridad está planteada de un modo errado si no es que mediante estafa. Hay legisladores que quieren congraciarse con difusión fácil a costas del estado de derecho. Precisamente eso se ataca con la “mano dura”, el estado de derecho, las garantías que cobijan a todos.

Nada de esto es nuevo. No ha tenido resultado para disminuir el delito pero sí ha conseguido tener una sociedad más miedosa y con menos libertad.

“Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad” comienza diciendo el Acuerdo para la seguridad democrática firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos y políticos de todos los principales partidos.

Al referirse al “engaño de la mano dura” el documento sostiene que “las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”.

El documento, disponible en internet, es una lectura recomendable ante tanta verba calenturienta:http://www.cels.org.ar/common/documentos/acuerdo_para_la_seguridad_democratica.pdf

Sin embargo, ante la necesidad de volver a discutir estas problemáticas tres cosas quiero plantear:

No existe una caracterización lombrosiana de “los delincuentes”. No hay delincuentes por un lado y gente “decente” por otro. Esta idea a pesar de ser contundentemente refutada desde hace un siglo, resiste y vuelve. Los delitos constituyen conductas que a priori cualquiera podría cometer, no hay una fisonomía, clase, caracteres físicos o conductuales que prefiguren quién cometerá conducta delictiva. Si me preguntan a mí, diré que los peores criminales no son precisamente del aspecto físico o la clase social que frecuentemente se asocian al delito.

La definición de un procedimiento penal por parte del Estado no tiene nada que ver con el devenir ni con las reacciones de los sujetos. El procedimiento penal no es algo aplicable a otro, es aplicable a mí mismo (para cada uno de nosotros). Cuando vemos gente que sostiene: penas más duras, más largas, menos discusión y a otra cosa, debemos decirle que el derecho no es para otros, es para ella misma; no hay nada a priori que indique que no será ella misma acusada de un delito y las garantías están para preservar la posibilidad de nuestra defensa. Imagínese Ud. que bastara con que un policía diga quién comete delito y quién no, ¿no hay acaso sobradas muestras de casos en que los mismos policías cometían el delito? Más poder a la policía sin control no parece un buen camino. Vale lo mismo para cualquier instancia.

Los procedimientos y penas que definimos como sociedad nos describen como civilización. A lo largo de toda la historia tenemos muestras terribles de cómo reyes, príncipes, virreyes y, en general, autoridades de toda laya, aplicaron penas horrorosas. Hoy mismo la aplicación de penas más crueles, o la misma pena de muerte, es un indicador bastante fiable de sociedades más violentas. La apuesta a la resocialización, a la reeducación como meta de los sistemas punitivos es un triunfo humanista que merece ser defendido, no desde un ingenuo idealismo sino desde un compromiso en cada instancia para crear condiciones estructurales de mayor igualdad social y construcción de una sociedad pacífica.

Aumentar el miedo no ayuda. Una sociedad encapsulada, el espacio público privatizado, un concierto de countrys con seguridad privada (o con policía estatal a su servicio), lleva a todo lo contrario de una sociedad pacífica.

Nada aporta el deseo de vengarse de alguien que cometió un delito por salvaje que sea. Los organismos de derechos humanos, una reserva ética señera en nuestra Argentina, dan ejemplo vivo de cómo la búsqueda de justicia, aún para crímenes horrorosos puede separar la justicia de la venganza, puede procurar juicio y garantías para los peores criminales.

Mucho puede y debe hacerse pero no en clave autoritaria que nada soluciona y mucho agrava los problemas.

por Carlos Almenara, Presidente del Encuentro por la Democracia y la Equidad

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/399797

lunes, 2 de julio de 2012

Buscamos a Luis Stuhldreher

El gobierno Nacional ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos acerca del paradero del exintendente de San Rafael, Luis Alberto Stuhldreher, acusado de "privación ilegítima de la libertad y tormentos" en perjuicio de una veintena de víctimas durante la última dictadura militar. Desde el 7 de julio de 2011, pesa sobre el exintendente un pedido de captura nacional e internacional, por lo que figura en la lista de personas buscadas por Interpol. (Página 12)

 

Stuhldreher1

Buscado por Interpol

Luis Alberto Stuhldreher ex intendente de facto de San Rafael y ex funcionario del gobierno cobista, consiguió evitar sentarse en el banquillo de los acusados gracias a Otilio Roque Romano, Francisco Luis Miret y Julio Demetrio Petra, que conformaban la Cámara Federal en la Justicia Federal de Mendoza. Miret fue destituído, Romano está prófugo en Chile y Petra presentó la renuncia, para evitar la destitución.

“Eduardo Mestre Brizuela, consiguió que Julio Petra le otorgara la "falta de merito extensiva" a su defendido. Esta decisión fue tomada de manera  irregular y más tarde se convirtió en el detonante de la renuncia de Petra, asediado por las denuncias por mal desempeño en sus funciones.” Mestre Brizuela es otro ex funcionario judicial cuestionado por su complicidad con la dictadura militar, primo de Ramón Mestre, ex gobernador radical de Córdoba.

“Petra es que resolvió la falta de mérito observando sólo uno de los veinte expedientes que en los que aparecía imputado a Stuhldreher. Sin embargo, la hizo extensiva al resto a carpeta cerrada.”

Stuhldreher durante el gobierno de Julio Cobos, estuvo a cago de la Dirección de Logística de la Policía de Mendoza.

Nota de El Sol on line

stuhldreherMariano Tripiana, hijo de desaparecido, muestra satisfacción por la medida del gobierno nacional que puede hacer posible que Luis Alberto Stuhldreher, ex intendente de San Rafael sea sometido a juicio.

Tripiana está esperanzado, “no se sabe dónde está, pero es posible que con este ofrecimiento alguien esté dispuesto a hablar” dice y recuerda que  esto es posible a partir de las denuncia contra los ex jueces Julio Demetrio Petra y Otilio Romano. “Oficialmente no ha salido del país” dice Tripiana de Stuhldreher, pero también aporta que “tiene padrinos políticos, como lo fueron Petra y Romano”. 

El ex intendente de facto está procesado por imposición de tormentos agravada en nueve hechos, por los casos de Humberto Roca, Luis Enrique Barahona, Luis Abelardo Berón, Juan Carlos Berón, Jorge Valentín Berón, Diego Pousadela, Roberto Flores, Germán Ríos, Hugo Adelmo Riera, todos en concurso real con los de privación ilegítima de la libertad agravada en once hechos como son las desapariciones de Héctor A. Fagetti (caso que valió el pedido de detención de la ex presidente María Estela Martínez de Perón y su gabinete), Francisco Tripiana, Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio, Marta A. Guerrero, José Ortemberg, Rolando Gastón Berohiza, Omar Ozán, Ricardo Ríos y Rosa Luna. Estos últimos son considerados delitos de lesa humanidad.

Nota de MDZ

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Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al (011) 5300-4020, según indicó el artículo segundo de la resolución.